Lima fue el escenario del III Encuentro de Gremios y
Cámaras Sudamericanas por la Lucha contra el Comercio Ilícito, un evento que
derivó en la creación del Consejo de Gremios y Cámaras Sudamericanas de Lucha
contra el Contrabando, una institución que desarrollará estrategias conjuntas
para fortalecer la colaboración regional ante instancias gubernamentales para
afrontar el comercio ilícito en la región. Sus primeros miembros son la Cámara
Nacional de Industrias de Bolivia (CNI), la Sociedad Nacional de Industrias de
Perú (SNI) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile
(CNC).
Tras dos jornadas de trabajo, Felipe James, presidente de
la SNI; José Pakomio, presidente de la CNC; y Gonzalo Morales, vicepresidente
de la CNI, cerraron el Encuentro con la lectura del documento que establece la
conformación del Consejo. Durante el segundo día se llevó a cabo el seminario
“Comercio Ilícito y Crimen Organizado: Desafíos Regionales”, donde expertos
de sectores tanto públicos como privados abordaron el problema del contrabando
que cruza las fronteras entre los países sudamericanos y que ahora se combina
con otros ilícitos como el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen
organizado.
Pilar Lizana, investigadora de Athena Lab y experta en
criminalidad organizada internacional, abordó las actuales rutas del
contrabando en Sudamérica y el impacto del corredor bioceánico que conecta
Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia y Chile. Señaló que Bolivia “sigue siendo un
hub para la región, debido a su geografía, la falta de controles y mejores
precios”.
Enfatizó, además, que el comercio ilícito es una empresa
criminal que opera al margen de la ley y que está dispuesta a utilizar
cualquier medio para cumplir con sus objetivos económicos, lo que lo convierte
en una amenaza transnacional que afecta a muchos países.
El caso del contrabando de cigarrillos
En el mencionado seminario, se presentó un estudio que
revela cómo el contrabando de cigarrillos y ropa usada en la región sigue rutas
comunes y opera bajo esquemas violentos similares a los que usan organizaciones
criminales a lo largo del eje Bolivia-Puno-Lima. Los cigarrillos son un
producto que sirve a manera de termómetro para calcular la envergadura del
problema, debido a que el 85% de estos se venden sueltos, por lo que es difícil
detectar su origen.
El informe titulado “Contrabando y tráfico de cigarrillos
y ropa usada: economías ilegales y amenazas a la seguridad”, elaborado por
Diálogo Ciudadano y presentado por el exministro del Interior peruano, Rubén
Vargas, revela que el contrabando de cigarrillos y ropa usada en Perú es parte
de una compleja red de actividades ilícitas manejadas por organizaciones
criminales nacionales y transnacionales. “Estas organizaciones recurren a la
violencia y a la seguridad armada ilegal para proteger sus operaciones de otros
contrabandistas y de las fuerzas de seguridad”, aseveró el experto.
La violencia relacionada con la cadena de suministro de
cigarrillos ilegales comienza con trabajo forzoso y/o trata de personas para la
explotación laboral durante el proceso de producción agrícola de cigarrillos de
marcas falsificadas en condiciones precarias, así como en la estiba de estos
productos falsos. Prosigue con la corrupción o extorsión que afecta a agentes
de seguridad, aduana y otros funcionarios; sigue la “contratación” de seguridad
armada ilegal que vigila y se enfrenta a los controles o a la competencia con
el uso de armas de fuego y violencia letal. Todo termina con el tráfico ilícito
de armas, drogas y migrantes, ya que los cigarrillos ilegales comparten medios
de transporte y acopio de productos proscritos.
La visión desde las Cámaras
Felipe James, presidente de la SNI de Perú, destacó que
el comercio ilícito, más allá de su impacto económico, constituye una amenaza a
la seguridad nacional que compromete la integridad de los países. “La frontera
Perú-Bolivia es la más permeable que tiene nuestro país, y también es una de
las más permeables de Sudamérica. En la actualidad estamos muy preocupados por
el contrabando de oro ilegal que se hace de Perú a Bolivia”, aseveró el
representante y lanzó el dato de que nuestro país exporta alrededor de 4.000
millones de dólares en oro y la mayoría de ese mineral es peruano.
José Pakomio, presidente de la CNC de Chile, enfatizó la
necesidad de institucionalizar estos espacios de cooperación entre países
sudamericanos, que permiten compartir experiencias y coordinar esfuerzos para
identificar y combatir las rutas del comercio ilegal, mejorando los controles
fronterizos y enfrentando a las bandas criminales que lucran con el comercio
informal.
Por su parte, Gonzalo Morales, vicepresidente de la CNI
de Bolivia, destacó la importancia de esta colaboración regional para enfrentar
el contrabando, que representa el 8% del PIB boliviano, moviendo más de 3.500
millones de dólares y causando pérdidas en recaudación fiscal superiores a los
865 millones de dólares anuales. “La cooperación entre gremios empresariales y
el Estado es esencial para combatir de manera efectiva esta problemática”,
aseveró.
Contrabando y redes criminales
Entre otros ponentes destacados estuvieron César Quispe,
viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción de Perú;
Gerardo López, cabeza de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT) de Perú; y el general de la Policía Nacional
del Perú, Nilton Santos Villalta, jefe de la Dirección de la Policía Fiscal de
Lima, quienes discutieron los retos y estrategias para combatir el comercio
ilícito en la región.
El evento concluyó con un panel internacional que contó
con la participación de José Pakomio, Gonzalo Morales y Silvia Hooker, gerente
de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales de la SNI, quienes reforzaron
la importancia de la colaboración internacional para enfrentar este problema.
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